La muerte del vigilante Juan Martínez Torres ha desatado una fuerte ola de indignación ciudadana en Trujillo y ha puesto en el centro de la polémica al sistema de justicia. El caso ha generado cuestionamientos directos contra el Ministerio Público luego de que la conductora implicada en el atropello mortal afrontara el proceso en libertad, pese a las graves circunstancias del hecho.

La denuncia fue presentada por el ex presidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz, quien interpuso una acción penal y un pedido de destitución contra el fiscal Joan Balladares. Según sostuvo, el representante del Ministerio Público no habría actuado con la severidad que ameritaba el caso, permitiendo que Maricsa Polet Alfaro Cerna continúe libre pese a haber atropellado presuntamente en estado de ebriedad al trabajador de seguridad.

El trágico hecho ocurrió el pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la conductora impactó violentamente contra Juan Martínez Torres mientras este realizaba labores de vigilancia en la vía pública. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Belén de Trujillo, donde permaneció internada varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos; sin embargo, finalmente perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

La controversia aumentó cuando se conoció que inicialmente la Fiscalía solo imputó el delito de lesiones culposas agravadas y solicitó comparecencia con restricciones, descartando el pedido de prisión preventiva. Para Greco Quiroz, el fiscal habría omitido agravantes fundamentales, como la presunta conducción en estado de ebriedad y un supuesto intento de fuga tras el atropello, hechos que —según indicó— fueron advertidos por testigos y que podrían haber sustentado una medida coercitiva más severa.

A ello se suman las sospechas sobre presuntas irregularidades en el parte policial inicial. Según la denuncia, el documento habría consignado que la víctima sufrió una “caída de altura” y no un atropello, situación que ha despertado preocupación pública y pedidos de investigación tanto a efectivos policiales como a funcionarios vinculados al proceso judicial.

Frente a la creciente presión social, el fiscal Joan Balladares defendió su actuación argumentando que la legislación peruana exige una expectativa de pena superior a cinco años para solicitar prisión preventiva. Explicó que, en un inicio, al tratarse del delito de lesiones culposas, no existían las condiciones legales para requerir el internamiento preventivo de la investigada. No obstante, tras el fallecimiento del vigilante, el caso podría ser recalificado como homicidio culposo, figura penal que sí permitiría solicitar prisión preventiva.

Por su parte, la Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió un comunicado aclarando que la liberación de la conductora respondió a que la Fiscalía no formuló un pedido de prisión preventiva durante la audiencia. Asimismo, el Poder Judicial recordó que los jueces no pueden imponer medidas más gravosas que las requeridas por el Ministerio Público.

Mientras tanto, en redes sociales continúan las expresiones de indignación y los pedidos de justicia para Juan Martínez Torres. Diversos usuarios cuestionan que la investigada permanezca en libertad e incluso sin impedimento de salida del país, situación que ha intensificado el debate sobre la actuación de las autoridades en casos de presunta conducción en estado de ebriedad con consecuencias fatales.