Un nuevo caso que golpea la confianza ciudadana en las instituciones públicas salió a la luz en Cajamarca. El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra una trabajadora del Ministerio Público, investigada por presuntamente solicitar dinero a cambio de favorecer a un adolescente dentro de un programa de justicia juvenil restaurativa.

La medida fue dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, a cargo de la jueza Ida Rossel Walter Alva, quien evaluó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia realizada el pasado 11 de mayo de 2026.

La investigada fue identificada como Maricela del Pilar Chávez Cisneros, quien se desempeñaba como psicóloga del Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público en Cajamarca. Según la tesis fiscal, habría solicitado la suma de 300 soles a la madre de un adolescente investigado, con el presunto objetivo de favorecer su incorporación al referido programa.

Durante la audiencia, la magistrada sostuvo que existen graves y fundados elementos que vincularían a la investigada con el presunto delito de cohecho pasivo propio. Entre las evidencias presentadas figuran conversaciones de WhatsApp, audios, registros telefónicos y depósitos efectuados mediante el aplicativo Yape.

Asimismo, el órgano jurisdiccional consideró que la pena probable superaría los cinco años de prisión y advirtió la existencia de peligro de fuga, razones por las cuales se dispuso la medida coercitiva de prisión preventiva por el plazo de nueve meses mientras continúan las investigaciones.

El caso ha generado preocupación en la ciudadanía debido a que los hechos involucran a una funcionaria vinculada a programas orientados a la rehabilitación y reinserción social de adolescentes.

Finalmente, durante la lectura de la resolución, la jueza exhortó a la población a denunciar cualquier presunto acto de corrupción, destacando que la participación ciudadana es clave para fortalecer la transparencia y combatir este tipo de delitos que afectan la confianza en las instituciones públicas.