En una firme muestra de la aplicación de la justicia frente a los delitos contra el patrimonio público, el Poder Judicial de Cajamarca dictó una sentencia condenatoria de 2 años, 11 meses y 5 días de prisión efectiva contra un ciudadano hallado culpable de hurto agravado.
🧑⚖️ Decisión judicial contundente
El fallo fue emitido por el juez Abel Boñon Faichin, titular del Tercer Juzgado Unipersonal de Cajamarca, quien determinó la responsabilidad penal de Rudy Álvaro Vigo Salazar por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.
La sentencia se sustenta en lo establecido en el Código Penal del Perú, específicamente en los artículos 185 y 186 (inciso 1), en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
🚔 Captura tras casi dos años como reo contumaz
El sentenciado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional por la Policía Judicial, luego de haber permanecido cerca de dos años en condición de reo contumaz. Su captura permitió finalmente que enfrente la justicia por los hechos cometidos.
🏛️ Los hechos: atentado contra monumento histórico
De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando el condenado acudió en horas de la madrugada a la Plazuela José Gálvez.
Allí, utilizando herramientas, realizó maniobras para desprender una placa conmemorativa de bronce del monumento en honor a José Gálvez Egúsquiza, logrando sustraerla.
Días después, el sujeto regresó con la intención de continuar retirando más placas; sin embargo, fue intervenido oportunamente por personal de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú, evitando que consumara un nuevo acto delictivo.
⚠️ Protección del patrimonio público
Este caso pone en evidencia la importancia de proteger los bienes públicos y monumentos históricos, que forman parte de la identidad cultural y memoria colectiva de la ciudadanía.
La sentencia reafirma el compromiso de las autoridades judiciales en sancionar este tipo de delitos, enviando un mensaje claro: los actos contra el patrimonio del Estado no quedarán impunes.















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